LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD FISCAL

REFORMASAL CÓDIGO TRIBUTARIO

47)       Se integran como principios tributarios el de generalidad, progresividad, eficiencia, confianza legítima, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia, y suficiencia recaudatoria.

48)           La Administración Tributaria podrá transigir respecto al cobro de intereses a cargo del sujeto pasivo.

49)     Se establecen nuevos criterios para la calificación de la sustancia jurídica y económica a ser aplicados por la Administración Tributaria en los procesos de determinación. En general se debe considerar:

(a)          Si la forma jurídica o económica escogida por el contribuyente forma parte de las modalidades aplicables al tipo de actividad económica a la que pertenece el sujeto pasivo.

(b)         Si el resultado de la forma jurídica adoptada es neutro (en términos recaudatorios). Es decir, ante el eventual ahorro experimentado por una de las partes, se puede generar un incremento en relación a los ingresos de la otra parte, siempre que ambas partes sean residentes fiscales del Ecuador

(c)          Si al momento en el que se celebró el respectivo acto o contrato sujeto a determinación, existía un precedente jurisprudencial obligatorio, que se haya pronunciado respecto de la pertinencia del tratamiento tributario aplicado por los participantes de dicha relación jurídica.

En caso de que se verifique el cumplimiento de una de estas condiciones, el SRI aplicará el tratamiento tributario correspondiente a la forma jurídica adoptada por las partes, durante el plazo que dure el acto o contrato. En caso de que exista una modificación normativa, ésta aplicará para contratos celebrados a partir de la vigencia de la modificación.

50)      Se entenderá como falta de motivación cuando el acto administrativo de determinación tributaria o que resuelva reclamos formulados por los contribuyentes, se base únicamente en la inconformidad del funcionario con la documentación presentada por el sujeto pasivo.

51)     La Administración Tributaria podrá, motivadamente, revocar sus pronunciamientos emitidos en absolución de consultas tributarias. En este caso, el nuevo pronunciamiento será aplicado por la Autoridad Tributaria únicamente a los hechos efectuados con posterioridad a la revocatoria.

53)      El SRI velará por la fiel aplicación y se otorgará un procedimiento expedito a las peticiones formuladas por personas naturales o jurídicas no residentes en Ecuador, en los procedimientos instaurados por la aplicación de Convenios Internacionales.

54)       El representante legal de una persona jurídica no es responsable solidario de las obligaciones tributarias que se deriven de su gestión, salvo cuando haya actuado con dolo o culpa grave. Las personas jurídicas responderán por sus obligaciones frente a terceros, hasta por el valor de su capital y su patrimonio.

55)           Se añade a la transacción como modo de extinción de las obligaciones tributarias.

56)          La obligación tributaria podrá ser extinta con títulos valores, mediante la dación en pago de bonos, certificados de abono tributario, u otros similares, emitidos por la Administración Tributaria, el Banco Central del Ecuador, o el ente rector de las finanzas públicas.

57)        Se podrá conceder facilidades para el pago de multas por infracciones.

58)      En los casos en los que el contribuyente acepte una o más glosas, los pagos se podrán efectuar antes de la emisión del acta de determinación, y la Administración no podrá negarse a recibir estos pagos.

59)        Para que opere la compensación de deudas tributarias, los créditos no deberán estar prescritos.

60)        El plazo de prescripción de la acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses, operará a los 5 años en todos los casos.

61)        La transacción de obligaciones tributarias atenderá a las siguientes particularidades:

(a)          Con el acuerdo transaccional se dará por concluido el procedimiento administrativo o judicial.

(b)         La transacción podrá versar sobre:

                                     i.        Determinación y recaudación de la obligación tributaria.

                                   ii.        Intereses, recargos y multas.

                                  iii.        Plazos y facilidades de pago de la obligación.

                                  iv.        Levantamiento de medidas cautelares.

(c)          No se podrá transigir cuando la pretensión sea la anulación de reglamentos, ordenanzas, resoluciones y circulares.

(d)         Únicamente podrán transigir aquellos sujetos pasivos que hayan realizado sus declaraciones de impuestos, hasta la fecha que se notifique el acta de determinación.

(e)          Si comparecen a la transacción dos o más sujetos pasivos, serán solidariamente responsables del cumplimiento del acta transaccional.

(f)           La Administración Tributaria no estará vinculada por las concesiones jurídicas o fácticas que se haga respecto de un contribuyente con terceros. Es decir no está obligada a aplicar las mismas concesiones en todos los casos, incluso con el mismo sujeto pasivo.

(g)         El Acta Transaccional es definitiva, vinculante e inimpugnable.

62)        Transacción extraprocesal:

(a)          Procederá en aquellos casos en los que se hubiere iniciado el proceso de determinación, pero no hubiere concluido con un acto administrativo que contenga una obligación a pagar, o en resolución de un reclamo administrativo.

(b)         Procederá también cuando un acto administrativo de determinación tributaria no hubiera sido impugnado judicialmente. En tal caso, aplicará únicamente respecto de facilidades y plazos para el pago, como para la aplicación, modificación, suspensión o levantamiento de medidas cautelares.

(c)          Cuando no haya sido impugnada la obligación en vía judicial, la solicitud de mediación suspenderá todos los efectos de caducidad. Los mismos serán reanudados si se suscribe un acta de imposibilidad de acuerdo.

(d)         En caso de incumplimiento del acta de mediación, se emitirá el correspondiente título de crédito.

(e)          Los costos del proceso de mediación serán asumidos por el solicitante.

62)        Transacción intraprocesal:

(a)      Aplica en los casos de obligaciones tributarias que sean materia de impugnación judicial, tales como: impugnación a actos administrativos, acciones especiales tales como excepciones a la coactiva, o la acción de prescripción de créditos tributarios, intereses y multas.

(b)         Procederá en Audiencia Preliminar o única.

Otras reformas

63)        La caducidad operará en 4 años, cuando la determinación sea realizada por el sujeto pasivo, y se realice en forma incompleta.

64)        Se elimina el recurso de apelación en ejecución coactiva.

65)        La Administración podrá realizar la notificación electrónica a través del buzón del contribuyente.

66)        Los títulos de crédito u órdenes de cobro se emitirán por la autoridad competente, con base en sentencias emitidas por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, o de la Corte Nacional de Justicia. De la misma manera, la autoridad podrá emitir un título de crédito cuando se incumpla un acuerdo de mediación.

67)       No se podrá solicitar facilidades para el pago en obligaciones aduaneras, salvo aquellas determinadas en procesos de control posterior.

68)        El plazo para el pago concedido mediante facilidades será de hasta 24 meses. La primera cuota a pagarse será igual al 20% de la obligación tributaria. En caso de incumplimiento se podrá conceder una segunda facilidad de pago.

69)        Para impugnar la negativa de facilidades para el pago, se deberá consignar el 20% del saldo adeudado.

70)        El incumplimiento de una de las cuotas concedidas en facilidades de pago, que no haya sido satisfecha en un plazo de 20 días, terminará con la concesión de las facilidades de pago.

71)      Una vez vencido el plazo para el pago, sin que el deudor haya satisfecho la obligación, se dictará el correspondiente auto de pago, ordenando que pague o dimita bienes en un plazo máximo de 20 días a partir de la citación.

72)        También se podrá emitir auto de pago por las acreencias derivadas del incumplimiento del pago en procesos de remates, subasta, u otros de naturaleza similar.

73)        La citación del auto de pago a través de la prensa, surtirá efecto desde el día hábil siguiente al de la última publicación.

74)        Se debe aparejar la orden de cobro como requisito esencial para iniciar el proceso coactivo.

75)      El incumplimiento de los pagos parciales determinados en la adjudicación del bien rematado, conllevará a la ejecución y consiguiente emisión del auto de pago.

76)        Se elimina la disposición que facultaba al contribuyente a presentar ante otra autoridad administrativa o judicial las excepciones de la coactiva, cuando el funcionario ejecutor se niegue a recibirlas.

REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS – COGEP

77)        A efectos de determinar la competencia en procesos judiciales, se establece una nueva categoría: el domicilio especial establecido por la Administración Tributaria para un contribuyente.

78)        En materia contencioso tributaria se pueden suspender los términos, en caso de presentación de una solicitud de mediación conforme el Código Tributario. Asimismo, se podrá archivar la causa, en el supuesto de que en el proceso exista un acuerdo transaccional total entre las partes.

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y EFICIENCIA DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

79)        Dentro del sistema de compensación fiscal,[1] se prevé que la compensación también procederá en virtud de una orden del recaudador especial dentro del procedimiento de ejecución coactiva.

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS

80)      Se sustituye la figura de los permisos de operación por los contratos de operación turística. Para todo aquellos permisos de operación turística vigentes hasta la publicación de esta Ley, el representante legal del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos suscribirá los contratos de operación correspondientes.

81)        En los contratos mencionados se estipularán las condiciones que regirán el derecho a la operación turística. Tales contratos son requisito indispensable para la obtención de patente turística [misma que se renovará anualmente, previa verificación de las condiciones previstas en la normativa].

82)        El permiso de operación turística podrá ser obtenido por cualquier persona jurídica [sin necesidad de que la misma sea de responsabilidad limitada]. Asimismo, se elimina la prohibición de tener más de un permiso de operación a la vez.

83)        Se prohíbe la unión o asociación de contratos para la operación de una sola embarcación.

84)        Los contratos de operación turística tendrán una vigencia de 20 años. Los titulares de los contratos podrán optar por la renovación del mismo.

85)        Los contratos no renovados o terminados anticipadamente, se someterán a concurso público en el plazo de un año.

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO, ATRACCIÓN DE INVERSIONES, GENERACIÓN DE EMPLEO, Y ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO FISCAL

86)        Se elimina la exoneración del Impuesto a la Renta por 12 años, para las nuevas inversiones productivas en sectores priorizados.

87)        Se elimina la exoneración del ISD para nuevas inversiones productivas que suscriban contratos de inversión.

88)        Se elimina la exención del pago del ISD, que favorecía  a aquellas sociedades que inviertan al menos el 50% de sus utilidades en activos productivos.

89)        Eliminación de la exoneración de Impuesto a la Renta por inversiones en industrias básicas.

90)        Eliminación de la extensión de beneficios para entidades encargadas del desarrollo de viviendas de interés social.

91)        Se elimina el procedimiento administrativo simplificado para la construcción de la vivienda de interés social.

REFORMAS A LA LEY DE HIDROCARBUROS

92)        La adjudicación y cambios de modalidades contractuales en materia de hidrocarburos estará sujeta a la condición de que se mantenga la renta petrolera de los bloques o áreas. Los beneficios del Estado no podrán ser menores a los que se obtuvieron en el año inmediato anterior a la modificación.

93)        En los contratos de participación para la exploración y/o explotación de hidrocarburos serán celebrados incluyendo un factor que refleje las variaciones del precio de petróleo crudo.

94)        Se eliminan los contratos de asociación.

95)        Se prevé la posibilidad de modificar, bajo la nueva modalidad, aquellos contratos celebrados con anterioridad a la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID – 19.

96)        La modificación y migración a otras modalidades contractuales está supeditada a la aprobación del Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH). Los contratos para la provisión de servicios específicos con financiamiento de la contratista, en campos petroleros operados por PETROECUADOR EP, podrán migrar a la modalidad de contratos de participación para la exploración y/o explotación de hidrocarburos.

97)        Empresas privadas que importen combustibles, pueden destinar los mismos a diferentes segmentos del mercado.

98)        No constituyen cesión de derechos del contrato las siguientes operaciones:

(a)          Aquellas que se lleven a cabo a través de bolsa de valores.

(b)         Aquellas de reorganización del mismo grupo empresarial.

(c)          Transferencias entre empresas matrices, filiales o subsidiarias (mismas que solamente deberán ser informadas al Ministerio).

99)        Gozarán de exoneración de los tributos al comercio exterior, las importaciones de combustibles, derivados de hidrocarburos, biocombustibles y gas natural, destinados para el consumo interno del país.  

REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO

E INVERSIONES – COPCI

100)    Para efectos de los beneficios atribuibles a nuevas inversiones, se especifica que el cambio de propiedad de activos o créditos otorgados entre partes relacionadas, no implica una inversión nueva. El Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones – CEPAI, oquien haga sus veces, será la máxima  instancia en materia de inversión.

101)    Se podrá otorgar estabilidad jurídica respecto de la normativa sectorial específica que hubiese sido declarada como esencial, en los correspondientes contratos de concesión u otros títulos habilitantes para la gestión de sectores estratégicos o la provisión de servicios públicos. El plazo de vigencia de la estabilidad corresponderá al del contrato.

102)       Se deroga la clasificación de incentivos del Código.

103)     Se establece que el Contrato de Inversión incluirá los beneficios tributarios y no tributarios determinados por el CEPAI.

104)        Los entes reguladores que emitan los permisos, autorizaciones o cualquier otro título habilitante necesario para la ejecución de la inversión, tendrán un término de 30 días para emitir dichos títulos habilitantes. En caso de no hacerlo, el Ministerio encargado de la producción declarará el silencio administrativo positivo.

105)        La duración de contratos de inversión será de 15 años. El plazo puede ser renovado hasta por el mismo tiempo originalmente concedido. La renovación no será automática.

106)        La unidad gubernamental designada en el reglamento al COPCI, se encargará de regular y administrar la certificación de origen de las mercancías nacionales.

107)      Se elimina el régimen relativo al fomento y promoción de la inversión en sectores estratégicos.

108)      Se establece que la importación de bienes de capital y materias primas efectuadas por sociedades que suscriban contratos de inversión a partir de la vigencia de la Ley Orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19 está exenta de todos los tributos al comercio exterior, excepto las tasas por servicios aduaneros. Lo anterior, hasta los montos y plazos establecidos en tales contratos.

109)     Se crea el Comité Nacional de Facilitación del Comercio y Logística, como un organismo encargado de aprobar políticas, y de implementar y evaluar los compromisos derivados de acuerdos y tratados ratificados por el Ecuador en materia de facilitación del comercio.

110)        Se incluye un régimen de buenas prácticas regulatorias, cuya finalidad es promover el comercio, la inversión y el desarrollo económico. Tal régimen está encaminado a eliminar regulaciones innecesarias u onerosas. Las autoridades estarán obligadas a aplicar dichas prácticas.

REFORMAS A LA LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA DEL ECUADOR

111)        Se eliminan los siguientes requerimientos para beneficiarse de la exención del ISD, por pagos de capital o dividendos realizados al exterior (relacionados a inversiones productivas):

(a)          Que el capital haya sido ingresado al Ecuador por un residente; y,

(b)         Que el valor ingresado haya permanecido en Ecuador por un período de al menos 2 años.

112)        Se eximen del ISD los pagos al exterior efectuados por los siguientes conceptos:

(a)          Venta de derechos representativos de capital o cualquier otro activo adquirido por sociedades o personas no residentes en Ecuador;

(b)         La transferencia o traslado de divisas al exterior realizada por entidades del Sistema Auxiliar Financiero calificadas y constituidas en el Ecuador, siempre que correspondan al pago y/o devolución de valores recaudados como parte de la prestación de servicios de medio de pago electrónicos; y,

(c)          Pagos realizados al exterior por la importación de bienes de capital y materias primas, efectuados por sociedades que suscriban contratos de inversión a partir de la vigencia de la Ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19. Lo anterior, hasta los montos y plazos establecidos en tales contratos.

REFORMAS AL LA LEY DE REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES

113)        No deberán inscribirse en el RUC las personas naturales y sociedades cuya actividad exclusiva en el Ecuador sea efectuar inversiones en activos financiero.

REFORMAS AL LA LEY DE CREACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

114)        El SRI mantendrá un registro de beneficiarios finales, para identificar la cadena de titularidad de personas jurídicas y sociedades.

115)        Adicionalmente, se conceptualiza el término beneficiario final como aquella persona natural que efectiva y finalmente, a través de una cadena de propiedad o cualquier medio de control, posea o controle a una sociedad. Beneficiario final también es la personal natural que ejerce control efectivo y final sobre cualquier estructura jurídica. Asimismo, se considera beneficiario final a aquella persona en cuyo nombre se realiza una transacción.

116)        Se establece la obligación de presentar una declaración y/o anexo ante el SRI, en el que se identifique plenamente los beneficiarios finales de una sociedad, conforme el acto normativo que será emitido por dicha entidad.

117)        La identificación de los beneficiarios finales será un requisito habilitante en los procedimientos de contratación pública.

REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y  FINANCIERO (LIBROS I y II)

118)      Se modifica la definición de actividad financiera, enfocándola a las operaciones y servicios vinculados con flujos o riesgos financieros, que se realizan de forma habitual por las entidades del sistema financiero, de valores y de seguros, siempre que medie la autorización de organismos de control.

119)   Para las entidades del sistema financiero nacional, se consideran personas con propiedad patrimonial con influencia, a aquellas personas naturales o jurídicas que posean, directa o indirectamente, el 25% o más del capital suscrito y pagado o del capital social.

120)       Las instituciones del sistema financiero podrán aceptar la calidad de beneficiarias en fideicomisos mercantiles de garantía que respalden operaciones de crédito o de cualquier otro tipo, destinadas al financiamiento de vehículos.

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA PARA LA REGULACIÓN DE LOS CRÉDITOS PARA

VIVIENDA Y VEHÍCULOS

121)        Se elimina la prohibición de que los contratos que se suscriban para los créditos hipotecarios y de vehículos se caucionen con fianzas, garantías solidarias o garantías reales sobre otros bienes distintos de los que son objeto del financiamiento.

122)        Se elimina la prohibición de suscribir documentos de obligación autónomos en respaldo a la deuda hipotecaria o de financiamiento de vehículos.