Almeida Guzmán Asociados informa que la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria expidió, el 6 de noviembre de 2026, la Resolución JPRFM-2026-048-T, que unifica las normas aplicables a las tarjetas de crédito, débito y prepago.
La resolución deroga las normas anteriores sobre tarjetas de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, e incorpora a la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros el Título V, “Norma que regula la operación de tarjetas de pago en el Ecuador”.
Entra en vigor desde su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Las superintendencias y el Banco Central del Ecuador tienen seis meses para ajustar su normativa.
EFECTOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Los contratos entre los comercios y los adquirentes, es decir, las entidades que los afilian y les liquidan sus ventas, deberán obligar al comercio a mantener, para los pagos con tarjeta, el mismo precio aplicable al contado, y a extender a dichos pagos las promociones y descuentos vigentes. Su cumplimiento corresponde a los órganos competentes y de defensa del consumidor; la norma no prevé sanciones propias.
Los adquirentes deberán liquidar a los comercios las ventas corrientes con tarjeta en un máximo de cinco días término. En consumos diferidos, el plazo es de cinco días desde que la cuota sea exigible al tarjetahabiente.
Los contratos de adquirencia deberán detallar plazos de entrega de recursos, comisiones, reglas de devoluciones y contracargos, derechos de información y estándares de seguridad, y deberán acompañarse de un resumen de condiciones en lenguaje claro. Se prohíben las cláusulas de exclusividad de uso de las tarjetas del adquirente o del emisor.
ADQUIRENCIA NO FINANCIERA Y AGREGACIÓN DE PAGO
Empresas que no son entidades financieras podrán operar como adquirentes con autorización del Banco Central del Ecuador. Deberán ser sociedades anónimas o compañías de responsabilidad limitada con objeto social y actividad económica relacionados con pagos, y contar con un capital suscrito y pagado de al menos US$ 500.000 al solicitar la autorización.
Además, deberán tener licencia vigente de al menos una marca de tarjetas, certificación PCI DSS, un manual operativo y un gobierno corporativo con áreas independientes de riesgos, auditoría y cumplimiento. Los neobancos podrán operar como adquirentes financieros.
Los agregadores de pago, que recaudan a nombre de los comercios el producto de las liquidaciones para transferírselo, deberán tener un capital suscrito y pagado en dinero de al menos US$ 250.000. Los ya autorizados tendrán un año, desde la publicación de la norma, para cumplirlo.
PROTECCIÓN DE LOS FONDOS DE LOS COMERCIOS
Desde que concluya su primer año de operación, el adquirente no financiero deberá mantener un capital de al menos el 5% del promedio mensual de las operaciones procesadas y liquidadas en el último año fiscal, y el agregador, de al menos el 2%. Si el resultado es inferior al mínimo fijo (US$ 500.000 y US$ 250.000, respectivamente), el capital exigido será ese mínimo; el porcentaje solo puede incrementarlo.
Los fondos destinados a la liquidación de los comercios deberán mantenerse en cuentas segregadas, en entidades financieras autorizadas.
DISPOSICIONES PARA LAS ENTIDADES EMISORAS
Las tarjetas físicas deberán emitirse sin número, fecha de vencimiento ni CVV impresos, salvo solicitud del cliente y sin recargo. Los consumos en línea deberán ser autenticados por el emisor, sin costo para el tarjetahabiente, y cada transacción deberá notificarse en tiempo real por al menos dos medios electrónicos independientes.
Los emisores deberán reintegrar los valores, entre otros casos, cuando la transacción sea posterior al aviso de pérdida o robo, cuando el fraude se origine en debilidades de sus sistemas, o cuando no se haya aplicado la autenticación exigible. Se prohíbe expresamente el cobro de intereses sobre intereses.
CONSIDERACIONES FINALES
Se recomienda a los comercios revisar sus contratos de adquirencia frente a las nuevas reglas; a los agregadores ya autorizados, planificar su capitalización dentro del plazo de un año; y a las empresas interesadas en operar como adquirentes no financieras, evaluar los requisitos de capital, licencia de marca y certificación.
Este boletín es informativo y no constituye asesoría legal. Para el análisis de su caso, contáctenos en jvallejo@almeidaguzman.com.
Quito, D.M. / Guayaquil, noviembre de 2026
