[El 31 de julio de 2026, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones emitió el Acuerdo Ministerial Nro. MPCEI-MPCEI-2026-0043-A, mediante el cual actualizó el listado de subpartidas arancelarias beneficiarias de la tarifa diferenciada del Impuesto a la Salida de Divisas – ISD aplicable en 2026. Este sustituye el Anexo del Acuerdo Ministerial Nro. MPCEI-MPCEI-2026-0035-A de 31 de mayo de 2026. Así:

1.           El listado actualizado incorpora tres subpartidas:

a)          0303.42.00.00: Atunes de aleta amarilla;

b)          0303.43.00.00: Listados o bonitos de vientre rayado; y,

c)           0303.44.00.00: Patudos o atunes ojo grande.

2.           El listado de subpartidas arancelarias incluidas en el Acuerdo Ministerial en cita se desglosa en el siguiente enlace: Listado de subpartidas arancelarias – ISD 2026.

3.           La Subsecretaría de Competitividad brindará el soporte técnico y coordinará acciones con el SRI y el SENAE, en el ejercicio del control ex ante y ex post sobre la ejecución, utilización y aplicación de la tarifa diferenciada del ISD.

4.           La Subsecretaría de Competitividad remitirá al Ministerio de Economía y Finanzas un informe trimestral que contendrá el análisis del impacto al sector productivo respecto de la aplicación de la tarifa diferenciada del ISD.

El presente Acuerdo Ministerial entró en vigencia a partir de su suscripción (31 de julio de 2026), sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial (3 de septiembre de 2026).

Quito, D.M. / Guayaquil, septiembre de 2026

Nos complace compartir con orgullo los resultados de Almeida Guzmán Asociados en los Rankings Chambers and Partners 2027. Un reconocimiento que refleja la calidad, especialización y compromiso de nuestro equipo profesional.

En esta edición, la Firma ha sido reconocida en dos áreas de práctica y cuenta con cuatro profesionales destacados individualmente:

Tax – Banda 1

Nuestra práctica tributaria alcanza nuevamente la máxima categoría, reafirmando el posicionamiento de la Firma como referente en asesoría tributaria en Ecuador.

Corporate/Commercial – Banda 3

Nuestra práctica corporativa y comercial mantiene un importante reconocimiento dentro del mercado ecuatoriano.

Asimismo, felicitamos especialmente a los profesionales reconocidos:

• Diego Almeida-Guzmán – Band 1, Tax. Band 3, Corporate/Commercial

• César Fernando Molina – Associate to Watch, Tax

• Marco Moya – Associate to Watch, Tax

• José Vallejo Cevallos – Associate to Watch, Corporate/Commercial

Estos reconocimientos son motivo de especial satisfacción porque no representan únicamente el trabajo individual de quienes aparecen en el ranking, sino el esfuerzo coordinado y constante de todos los miembros de Almeida Guzmán & Asociados.

Cada abogado, profesional y miembro de nuestro equipo contribuye diariamente a mantener los estándares de excelencia, rigor técnico, compromiso con nuestros clientes y desarrollo profesional que distinguen a nuestra Firma.

A todos quienes forman parte de Almeida Guzmán Asociados: gracias y felicitaciones. Este reconocimiento es, sobre todo, un logro colectivo.

 

Seguimos trabajando con el mismo compromiso para continuar construyendo una Firma de referencia en Ecuador.
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Quito, D.M. / Guayaquil, agosto de 2026

Almeida Guzmán Asociados informa que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia emitió la Resolución No. 07-2026 publicada el 4 de agosto de 2026 en el Registro Oficial Sexto Suplemento No. 340, mediante la cual declaró un nuevo precedente jurisprudencial obligatorio en materia laboral. La decisión establece que la cuantía fijada en la demanda es únicamente estimativa respecto de las obligaciones económicas reales del empleador.

 

En consecuencia, cuando dentro del proceso judicial se reconozca la existencia de un derecho laboral, el juez deberá disponer el pago de todos los valores que correspondan conforme a la ley, aun cuando estos superen el monto reclamado por el trabajador en su demanda. A continuación, se exponen los principales aspectos de la resolución.

 

1.- La cuantía señalada en la demanda laboral no constituye un límite máximo para la condena

 

La Corte Nacional determinó que la cuantificación realizada al momento de presentar la demanda tiene carácter meramente estimativo. En consecuencia, un error de cálculo o la fijación de una cuantía inferior al valor efectivamente adeudado no impide que, al dictar sentencia, el juez reconozca y ordene el pago íntegro de los derechos laborales que hayan sido acreditados dentro del proceso.

 

2.- Sujeción al principio constitucional de irrenunciabilidad e intangibilidad.

 

La resolución se sustenta en los principios constitucionales de irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos laborales y de aplicación de la norma más favorable a la persona trabajadora. A criterio de la Corte, una deficiencia en la estimación económica realizada por la defensa técnica del trabajador no puede justificar que se desconozcan las consecuencias jurídicas completas del derecho reconocido.

 

3.- La regla no autoriza a resolver sobre hechos ajenos al proceso ni convierte toda cifra reclamada en un valor automáticamente exigible.

 

El precedente se refiere exclusivamente a los valores derivados de derechos laborales reconocidos en sentencia. Su aplicación exige, por tanto, que los hechos relevantes hayan sido alegados y debidamente probados dentro del proceso, y que el derecho correspondiente forme parte de la controversia sometida a decisión judicial. La sola afirmación de una deuda no basta: corresponde al juez verificar su procedencia y determinar su cuantía conforme a la ley.

 

Desde esta perspectiva, la resolución concilia el principio de congruencia procesal con la protección constitucional de los derechos laborales. La sentencia debe ceñirse a las pretensiones formuladas y a los puntos controvertidos, pero la estimación inicial de su cuantía no puede operar como un límite cuando, a partir de la prueba y del análisis jurídico, se determine que el valor efectivamente adeudado es superior.

 

4.- El precedente refuerza la importancia de evaluar integralmente la contingencia económica de cada litigio laboral.

 

Para los empleadores, el monto señalado en la demanda deja de ser una referencia suficiente para dimensionar la exposición económica del proceso. La evaluación de la contingencia deberá considerar el valor que podría resultar de la liquidación efectiva de cada pretensión, incluidos los componentes, recargos y demás rubros previstos en la normativa aplicable, a partir de la documentación laboral disponible, los períodos controvertidos y los hechos que puedan acreditarse durante el juicio.

 

Quito, D.M. / Guayaquil, agosto de 2026

Recordamos a nuestros clientes que conforme lo prescribe el Art. 96 del Código Orgánico de la Función Judicial, a partir del 1 y hasta el 15 de agosto de 2026 operará el período de vacancia judicial en las regiones Sierra y Amazonía. El receso judicial suspende los plazos y términos dentro de los procesos en trámite, con el fin de no vulnerar garantía alguna.

El receso antes referido no aplicará para los juzgados, tribunales y salas de garantías penales generales y especializadas; y, los juzgados de la familia, mujer niñez y adolescencia. Las acciones de garantías jurisdiccionales que se presenten durante los recesos judiciales, serán conocidas, previo sorteo, por las y los jueces que continúen laborando.

Quito D.M / Guayaquil, julio de 2026

El 14 de julio de 2026 el Servicio de Rentas Internas – SRI emitió la Resolución No. NAC-DGERCGC26-00000026, mediante la cual se establece el mecanismo para la declaración de la obligación de pago a cuenta sobre utilidades no distribuidas. A continuación, resumimos su contenido.

Sujetos obligados

Sociedades residentes y establecimientos permanentes en el Ecuador de sociedades no residentes que, hasta el 31 de julio del ejercicio fiscal corriente, no distribuyan las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

Forma de declaración y pago

Los contribuyentes pueden satisfacer la obligación de la siguiente forma:

1.- Declaración y pago en una sola cuota: el sujeto obligado deberá realizar la declaración y pago total en agosto. Para el efecto debe utilizar el código de obligación «1077 PAGO A CUENTA SOBRE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS», o

2.- Declaración y pago diferido en 3 cuotas: El sujeto obligado deberá declarar y pagar las cuotas correspondientes en agosto, septiembre y octubre. Para el efecto debe considerar el noveno dígito del RUC, y utilizar el código “1078 PAGO A CUENTA SOBRE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS CUOTAS”.

Una vez escogida la forma de declaración y pago, la misma no podrá ser modificada mediante declaraciones sustitutivas.  No se otorgará convenios de pago respecto de esta obligación.

Forma de presentación

El Formulario de Pago de Anticipo Mínimo de Impuesto a la Renta, Autorretenciones de Grandes Contribuyentes y Pago a Cuenta Sobre las Utilidades no Distribuidas, será presentado por internet, través de la página web del SRI.

Pagos efectuados en 2025

Se reputará satisfecha la obligación tributaria para aquellos contribuyentes que, hasta el 14 de julio de 2026, hubieren efectuado el pago total del valor determinado por concepto de pago a cuenta sobre utilidades no distribuidas correspondiente a 2025, mediante el formulario 106 “MÚLTIPLE DE PAGOS” en los períodos de noviembre y/o diciembre de 2025.

La presente Resolución entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, el 15 de julio de 2026.

Quito D.M. / Guayaquil, julio de 2026

Almeida Guzmán Asociados informa que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia emitió la Resolución No. 04-2026, publicada en el Suplemento No. 286 del Registro Oficial el 18 de mayo de 2026. Mediante la misma se unifica el criterio jurisprudencial aplicable al cálculo del fondo global de jubilación patronal.

La resolución resuelve la contradicción existente al interior de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia respecto del tiempo de proyección a considerarse cuando empleador y trabajador acuerdan sustituir el pago periódico de la pensión jubilar patronal por la entrega de un fondo global. A continuación se resumen su contenido.

1.- La Corte Nacional identificó la existencia de dos criterios jurisprudenciales contradictorios sobre el cálculo del fondo global de jubilación patronal.

Determinadas sentencias sostenían que el cálculo debía realizarse con base en la esperanza de vida determinada por el INEC vigente a la fecha de terminación de la relación laboral. Otras decisiones de la misma Sala consideraban que el cálculo debía efectuarse conforme a los acuerdos ministeriales vigentes en la materia.  Complementariamente, en caso de que dichos acuerdos no resultasen aplicables por razones temporales, el cálculo debía realizarse con base en los parámetros previstos en los Arts. 217 y 218 del Código del Trabajo.

2.- La resolución establece la regla que deberá aplicarse para calcular el fondo global de jubilación patronal.

La Corte determinó que, cuando exista acuerdo entre empleador y trabajador para sustituir la pensión jubilar mensual por un fondo global, el cálculo deberá realizarse aplicando los acuerdos ministeriales vigentes a la fecha de terminación de la relación laboral.

Sin embargo, cuando la relación laboral hubiere concluido antes de la entrada en vigencia de dichos acuerdos ministeriales, el cálculo deberá considerar las pensiones jubilares proyectadas hasta los 89 años de edad del trabajador, tomando como referencia la tabla de coeficientes prevista en el Art. 218 del Código del Trabajo, más el año adicional contemplado en el Art. 217 del mismo cuerpo legal.

Quito, D.M. / Guayaquil, junio de 2026

 

Almeida Guzmán Asociados informa que, el 16 de abril de 2026, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador emitió la Sentencia No. 1150-23-JP/26. Mediante esta se desarrolló jurisprudencia vinculante sobre la protección laboral reforzada de los padres trabajadores durante el uso de la licencia de paternidad.

 

La Corte analizó una acción de protección presentada en contra de la Contraloría General del Estado, relacionada con la terminación de nombramientos provisionales de un servidor público mientras ejercía su licencia de paternidad y, posteriormente, utilizaba vacaciones destinadas al cuidado de su hija recién nacida.

 

En resumen:

 

1.- La Corte reconoce que los padres trabajadores cuentan con protección laboral reforzada durante el ejercicio de la licencia de paternidad.

 

Esta protección tiene por finalidad garantizar el ejercicio efectivo del derecho al cuidado, la corresponsabilidad parental y la participación temprana del padre en el cuidado de sus hijos recién nacidos. Señala que la licencia de paternidad no constituye un beneficio accesorio, sino un mecanismo que permite el ejercicio real de responsabilidades parentales.

 

2.- La Corte determina que la protección laboral reforzada durante la licencia de paternidad opera automáticamente durante su vigencia.

 

Esta garantía no depende de valoraciones discrecionales del empleador, sino que se activa por el solo hecho del ejercicio legítimo de la licencia. Precisó que el tiempo de licencia no puede ser interpretado como ausencia reprochable, falta de productividad o causa válida para afectar la situación laboral del trabajador.

 

3.- La sentencia establece que durante la licencia de paternidad no pueden adoptarse ni notificarse decisiones laborales adversas.

 

En particular, la Corte señala que la protección no se limita a impedir la terminación formal del vínculo laboral, sino que exige preservar íntegramente las condiciones laborales del trabajador durante el período protegido. En consecuencia, no pueden adoptarse ni notificarse medidas que impliquen pérdida de jerarquía, cambios sustanciales de funciones, disminución remunerativa o cualquier otra desmejora laboral durante la licencia.

 

4.- La Corte desarrolla el contenido constitucional del derecho al cuidado y de la corresponsabilidad parental.

La sentencia señala que el cuidado de menores constituye una responsabilidad compartida entre madres y padres. Por tanto, el ordenamiento jurídico debe garantizar condiciones laborales que permitan a los padres ejercer efectivamente sus responsabilidades familiares, sin exponerse a inestabilidad laboral o decisiones adversas vinculadas al ejercicio del cuidado.

 

5.- La Corte analiza el contexto de desigualdad estructural en la distribución del trabajo de cuidado.

 

La sentencia recuerda que la distribución tradicional del cuidado ha recaído históricamente sobre las mujeres, lo que ha contribuido a la penalización por maternidad, la brecha salarial y la menor estabilidad laboral femenina. En este contexto, la licencia de paternidad cumple una función relevante para promover la corresponsabilidad y desmontar estereotipos de género en el ámbito laboral y familiar.

 

6.- La Corte concluye que utilizar la licencia de paternidad o vacaciones destinadas al cuidado como criterio negativo para evaluar el desempeño laboral constituye discriminación indirecta.

 

En el caso concreto, la Corte determina que la Contraloría General del Estado valoró negativamente el período en que el accionante se encontraba en licencia de paternidad y vacaciones de cuidado, calificándolo como falta de aporte institucional. Para la Corte, dicha actuación transforma el ejercicio legítimo de un derecho constitucional en un factor adverso para la continuidad laboral.

 

Quito, D.M. / Guayaquil, junio de 2026

El 3 de junio de 2026, el presidente de la república emitió el Decreto Ejecutivo No. 398, mediante el cual reforma el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en lo que atañe a los mecanismos de trazabilidad fiscal. A continuación, resumimos su contenido.

1.- Actualmente, el sistema prescrito en la normativa tributaria prevé mecanismos de control para la identificación, marcación, rastreo y trazabilidad fiscal exclusivamente de bienes. Esto, mediante la colocación y activación de componentes físicos de seguridad – CFS conectados a una plataforma para generar información de relevancia fiscal en tiempo real. En virtud de la reforma, se incluye, dentro del régimen, a un componente digital de seguridad – CDS, para los mismos propósitos (trazabilidad fiscal), pero aplicable tanto a bienes como a servicios.

2.- Asimismo, la reforma aclara que los contribuyentes obligados a aplicar los mecanismos de control sobre sus bienes [y en virtud de la reforma, servicios], utilizarán los componentes aprobados por el SRI mediante resolución de carácter general.

Nota: En este momento, el sistema de trazabilidad fiscal aplica principalmente a los sujetos pasivos que incurran en el hecho generador del Impuesto a los Consumos Especiales respecto de bebidas alcohólicas, cerveza industrial y cigarrillos. Será el propio SRI quien también definirá a los contribuyentes sujetos a este régimen, puesto que el Decreto no los prevé. Sin embargo, el Decreto dispone a los ministerios rectores en telecomunicaciones, hidrocarburos, al SENAE, y a ARCOTEL y ARCH para que adopten las acciones necesarias, en su ámbito de competencias, para implementar o fortalecer el sistema referido. Mediante la resolución que el SRI emita, se podrá definir si los sujetos pasivos de tales industrias deberán aplicar el sistema a través de los CFS o CDS.

El Decreto Ejecutivo entrará en vigencia una vez publicado en el Registro Oficial.

Quito, D.M. / Guayaquil, junio de 2026