Recordamos a nuestros clientes que conforme lo prescribe el Art. 96 del Código Orgánico de la Función Judicial, a partir del 1 y hasta el 15 de agosto de 2026 operará el período de vacancia judicial en las regiones Sierra y Amazonía. El receso judicial suspende los plazos y términos dentro de los procesos en trámite, con el fin de no vulnerar garantía alguna.

El receso antes referido no aplicará para los juzgados, tribunales y salas de garantías penales generales y especializadas; y, los juzgados de la familia, mujer niñez y adolescencia. Las acciones de garantías jurisdiccionales que se presenten durante los recesos judiciales, serán conocidas, previo sorteo, por las y los jueces que continúen laborando.

Quito D.M / Guayaquil, julio de 2026

El 14 de julio de 2026 el Servicio de Rentas Internas – SRI emitió la Resolución No. NAC-DGERCGC26-00000026, mediante la cual se establece el mecanismo para la declaración de la obligación de pago a cuenta sobre utilidades no distribuidas. A continuación, resumimos su contenido.

Sujetos obligados

Sociedades residentes y establecimientos permanentes en el Ecuador de sociedades no residentes que, hasta el 31 de julio del ejercicio fiscal corriente, no distribuyan las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

Forma de declaración y pago

Los contribuyentes pueden satisfacer la obligación de la siguiente forma:

1.- Declaración y pago en una sola cuota: el sujeto obligado deberá realizar la declaración y pago total en agosto. Para el efecto debe utilizar el código de obligación «1077 PAGO A CUENTA SOBRE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS», o

2.- Declaración y pago diferido en 3 cuotas: El sujeto obligado deberá declarar y pagar las cuotas correspondientes en agosto, septiembre y octubre. Para el efecto debe considerar el noveno dígito del RUC, y utilizar el código “1078 PAGO A CUENTA SOBRE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS CUOTAS”.

Una vez escogida la forma de declaración y pago, la misma no podrá ser modificada mediante declaraciones sustitutivas.  No se otorgará convenios de pago respecto de esta obligación.

Forma de presentación

El Formulario de Pago de Anticipo Mínimo de Impuesto a la Renta, Autorretenciones de Grandes Contribuyentes y Pago a Cuenta Sobre las Utilidades no Distribuidas, será presentado por internet, través de la página web del SRI.

Pagos efectuados en 2025

Se reputará satisfecha la obligación tributaria para aquellos contribuyentes que, hasta el 14 de julio de 2026, hubieren efectuado el pago total del valor determinado por concepto de pago a cuenta sobre utilidades no distribuidas correspondiente a 2025, mediante el formulario 106 “MÚLTIPLE DE PAGOS” en los períodos de noviembre y/o diciembre de 2025.

La presente Resolución entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, el 15 de julio de 2026.

Quito D.M. / Guayaquil, julio de 2026

Almeida Guzmán Asociados informa que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia emitió la Resolución No. 04-2026, publicada en el Suplemento No. 286 del Registro Oficial el 18 de mayo de 2026. Mediante la misma se unifica el criterio jurisprudencial aplicable al cálculo del fondo global de jubilación patronal.

La resolución resuelve la contradicción existente al interior de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia respecto del tiempo de proyección a considerarse cuando empleador y trabajador acuerdan sustituir el pago periódico de la pensión jubilar patronal por la entrega de un fondo global. A continuación se resumen su contenido.

1.- La Corte Nacional identificó la existencia de dos criterios jurisprudenciales contradictorios sobre el cálculo del fondo global de jubilación patronal.

Determinadas sentencias sostenían que el cálculo debía realizarse con base en la esperanza de vida determinada por el INEC vigente a la fecha de terminación de la relación laboral. Otras decisiones de la misma Sala consideraban que el cálculo debía efectuarse conforme a los acuerdos ministeriales vigentes en la materia.  Complementariamente, en caso de que dichos acuerdos no resultasen aplicables por razones temporales, el cálculo debía realizarse con base en los parámetros previstos en los Arts. 217 y 218 del Código del Trabajo.

2.- La resolución establece la regla que deberá aplicarse para calcular el fondo global de jubilación patronal.

La Corte determinó que, cuando exista acuerdo entre empleador y trabajador para sustituir la pensión jubilar mensual por un fondo global, el cálculo deberá realizarse aplicando los acuerdos ministeriales vigentes a la fecha de terminación de la relación laboral.

Sin embargo, cuando la relación laboral hubiere concluido antes de la entrada en vigencia de dichos acuerdos ministeriales, el cálculo deberá considerar las pensiones jubilares proyectadas hasta los 89 años de edad del trabajador, tomando como referencia la tabla de coeficientes prevista en el Art. 218 del Código del Trabajo, más el año adicional contemplado en el Art. 217 del mismo cuerpo legal.

Quito, D.M. / Guayaquil, junio de 2026

 

Almeida Guzmán Asociados informa que, el 16 de abril de 2026, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador emitió la Sentencia No. 1150-23-JP/26. Mediante esta se desarrolló jurisprudencia vinculante sobre la protección laboral reforzada de los padres trabajadores durante el uso de la licencia de paternidad.

 

La Corte analizó una acción de protección presentada en contra de la Contraloría General del Estado, relacionada con la terminación de nombramientos provisionales de un servidor público mientras ejercía su licencia de paternidad y, posteriormente, utilizaba vacaciones destinadas al cuidado de su hija recién nacida.

 

En resumen:

 

1.- La Corte reconoce que los padres trabajadores cuentan con protección laboral reforzada durante el ejercicio de la licencia de paternidad.

 

Esta protección tiene por finalidad garantizar el ejercicio efectivo del derecho al cuidado, la corresponsabilidad parental y la participación temprana del padre en el cuidado de sus hijos recién nacidos. Señala que la licencia de paternidad no constituye un beneficio accesorio, sino un mecanismo que permite el ejercicio real de responsabilidades parentales.

 

2.- La Corte determina que la protección laboral reforzada durante la licencia de paternidad opera automáticamente durante su vigencia.

 

Esta garantía no depende de valoraciones discrecionales del empleador, sino que se activa por el solo hecho del ejercicio legítimo de la licencia. Precisó que el tiempo de licencia no puede ser interpretado como ausencia reprochable, falta de productividad o causa válida para afectar la situación laboral del trabajador.

 

3.- La sentencia establece que durante la licencia de paternidad no pueden adoptarse ni notificarse decisiones laborales adversas.

 

En particular, la Corte señala que la protección no se limita a impedir la terminación formal del vínculo laboral, sino que exige preservar íntegramente las condiciones laborales del trabajador durante el período protegido. En consecuencia, no pueden adoptarse ni notificarse medidas que impliquen pérdida de jerarquía, cambios sustanciales de funciones, disminución remunerativa o cualquier otra desmejora laboral durante la licencia.

 

4.- La Corte desarrolla el contenido constitucional del derecho al cuidado y de la corresponsabilidad parental.

La sentencia señala que el cuidado de menores constituye una responsabilidad compartida entre madres y padres. Por tanto, el ordenamiento jurídico debe garantizar condiciones laborales que permitan a los padres ejercer efectivamente sus responsabilidades familiares, sin exponerse a inestabilidad laboral o decisiones adversas vinculadas al ejercicio del cuidado.

 

5.- La Corte analiza el contexto de desigualdad estructural en la distribución del trabajo de cuidado.

 

La sentencia recuerda que la distribución tradicional del cuidado ha recaído históricamente sobre las mujeres, lo que ha contribuido a la penalización por maternidad, la brecha salarial y la menor estabilidad laboral femenina. En este contexto, la licencia de paternidad cumple una función relevante para promover la corresponsabilidad y desmontar estereotipos de género en el ámbito laboral y familiar.

 

6.- La Corte concluye que utilizar la licencia de paternidad o vacaciones destinadas al cuidado como criterio negativo para evaluar el desempeño laboral constituye discriminación indirecta.

 

En el caso concreto, la Corte determina que la Contraloría General del Estado valoró negativamente el período en que el accionante se encontraba en licencia de paternidad y vacaciones de cuidado, calificándolo como falta de aporte institucional. Para la Corte, dicha actuación transforma el ejercicio legítimo de un derecho constitucional en un factor adverso para la continuidad laboral.

 

Quito, D.M. / Guayaquil, junio de 2026

El 3 de junio de 2026, el presidente de la república emitió el Decreto Ejecutivo No. 398, mediante el cual reforma el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en lo que atañe a los mecanismos de trazabilidad fiscal. A continuación, resumimos su contenido.

1.- Actualmente, el sistema prescrito en la normativa tributaria prevé mecanismos de control para la identificación, marcación, rastreo y trazabilidad fiscal exclusivamente de bienes. Esto, mediante la colocación y activación de componentes físicos de seguridad – CFS conectados a una plataforma para generar información de relevancia fiscal en tiempo real. En virtud de la reforma, se incluye, dentro del régimen, a un componente digital de seguridad – CDS, para los mismos propósitos (trazabilidad fiscal), pero aplicable tanto a bienes como a servicios.

2.- Asimismo, la reforma aclara que los contribuyentes obligados a aplicar los mecanismos de control sobre sus bienes [y en virtud de la reforma, servicios], utilizarán los componentes aprobados por el SRI mediante resolución de carácter general.

Nota: En este momento, el sistema de trazabilidad fiscal aplica principalmente a los sujetos pasivos que incurran en el hecho generador del Impuesto a los Consumos Especiales respecto de bebidas alcohólicas, cerveza industrial y cigarrillos. Será el propio SRI quien también definirá a los contribuyentes sujetos a este régimen, puesto que el Decreto no los prevé. Sin embargo, el Decreto dispone a los ministerios rectores en telecomunicaciones, hidrocarburos, al SENAE, y a ARCOTEL y ARCH para que adopten las acciones necesarias, en su ámbito de competencias, para implementar o fortalecer el sistema referido. Mediante la resolución que el SRI emita, se podrá definir si los sujetos pasivos de tales industrias deberán aplicar el sistema a través de los CFS o CDS.

El Decreto Ejecutivo entrará en vigencia una vez publicado en el Registro Oficial.

Quito, D.M. / Guayaquil, junio de 2026

El 31 de mayo de 2026, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador – SENAE emitió la Resolución No. SENAE-SENAE-2026-0051-RE, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 295 de 1 de junio de 2026, mediante la cual derogó la tasa por servicio aduanero por concepto de control aduanero a las mercancías que ingresen de Colombia. A continuación, resumimos su contenido.

1.- Se deroga la Resolución No. SENAE-SENAE-2026-0031-RE de 9 de abril de 2026, mediante la cual se estableció una tasa del 100% sobre el valor en aduana de las mercancías que provengan o que sean originarias de la República de Colombia.

2.- La derogatoria se enmarca en el cumplimiento de la Resolución No. 2582 emitida por la Secretaría General de la Comunidad Andina – CAN el 7 de mayo de 2026.

La presente Resolución entró en vigencia a partir del 1 de junio de 2026.

Nota: En estricto sentido legal, existen argumentos para requerir de la Administración Tributaria la devolución de los aranceles e IVA pagados por los importadores durante el período de aplicación de la tasa de control aduanero en referencia.

Quito, D.M. / Guayaquil, junio de 2026

 

 

Almeida Guzmán Asociados informa que, el 18 de mayo de 2026, el presidente de la República expidió el Decreto Ejecutivo No. 387. Mediante este se reforman varias disposiciones del Reglamento General a la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, relacionadas con el régimen de zonas francas, orientadas a promover actividades tecnológicas y de economía del conocimiento, así como a posicionar al Ecuador como un hub regional de exportación de servicios tecnológicos.

 

En resumen:

 

1.- Incorpora la definición de bienes de trabajo portátiles, entendidos como aquellos equipos, dispositivos, herramientas o instrumentos susceptibles de traslado físico por una persona, utilizados directamente en actividades productivas, técnicas o de prestación de servicios vinculadas a una zona franca.

 

Esta definición incluye, entre otros, teléfonos móviles, computadoras portátiles, dispositivos de almacenamiento de información, equipos de captura de imagen, audio o video y sus accesorios.

 

2.- Incluye la definición de zonas francas industriales de servicio tecnológico. Estas son espacios geográficos delimitados dentro del territorio nacional, cuyo propósito es facilitar la instalación de prestadores de actividades relacionadas con telecomunicaciones, tecnologías de la información, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, operación de bases de datos, diseño, diagramación, telemercadeo, impresión, traducción, computación, investigación científica y tecnológica, entre otras actividades similares o relacionadas.

 

3.- Agrega el Art. 101.1, mediante el cual se detallan las actividades consideradas como servicios tecnológicos.

 

Entre estas incluye:

 

a) El desarrollo, mantenimiento y comercialización de software, aplicaciones móviles y plataformas de computación en la nube bajo modelos SaaS, PaaS e IaaS;

 

b) Los servicios de ciberseguridad, arquitectura de datos, gestión de redes e infraestructura tecnológica;

 

c)  El procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos mediante tecnologías de registro distribuido, blockchain, computación de alto rendimiento e inteligencia artificial;

 

d) Los servicios financieros tecnológicos, servicios profesionales de soporte administrativo o técnico exportables y telemercadeo avanzado soportado en tecnologías de la información;

 

e) El diseño gráfico digital, diagramación automatizada, animación digital y postproducción de contenidos audiovisuales;

 

f) La investigación y desarrollo en biotecnología, nanotecnología, hardware y dispositivos electrónicos;

 

g) La creación y prototipado de videojuegos y entornos de realidad virtual, aumentada o extendida; y,

 

h)  Cualquier otra actividad relacionada que determine el CEPAI.

 

4.- Sustituye el Art. 111 del Reglamento, relativo a la generación de empleo en zona franca.

 

La reforma establece que la generación de empleo en zona franca es de carácter obligatorio. En consecuencia, no podrá aprobarse un proyecto de zona franca que no genere plazas de trabajo. Además, el empleo deberá ser nuevo y no podrá constituir sustitución de empleo existente.

 

5.- Incorpora el Art. 111.1, referente a la modalidad de trabajo híbrido y remoto en zonas francas industriales de servicio tecnológico.

 

La reforma permite que el personal realice parcialmente sus labores fuera del área autorizada bajo modalidad de teletrabajo. Para ello, el ente rector de las inversiones podrá establecer una modalidad híbrida de trabajo para cada zona franca tecnológica, siempre que se:

 

a)       Garantice la trazabilidad digital de las operaciones;

 

b)       Cumpla con los objetivos de generación de empleo; y,

 

c)        Mantenga la operación principal dentro de la zona franca.

 

Para efectos de control, se deberá cumplir con un mínimo mensual del 51% de presencialidad en las instalaciones de la zona franca. El ente rector podrá autorizar esquemas de trabajo con niveles de presencialidad inferiores.

 

El usuario operador deberá implementar sistemas de registro digital que permitan al ente rector de inversiones verificar la conexión y el cumplimiento de las jornadas del personal que labore bajo modalidades híbridas o remotas.

6.- Sustituye el Art. 112, relativo al área geográfica de la zona franca.

Como regla general, los límites de las zonas francas deberán estar cerrados mediante cerramientos, vallas, verjas o murallas infranqueables, con control de vigilancia por cámaras de seguridad —CCTV— o cualquier otro medio tecnológico de mayor alcance.

 

7.- Incorpora el Art. 153.1, mediante el cual se regula el control de bienes de trabajo portátiles. Para efectos de control, los usuarios de zona franca deberán registrar en el sistema informático aduanero los movimientos de entrada y salida de los bienes de trabajo portátiles, así como el tiempo que estos permanecerán fuera de la zona franca.

Dichos bienes estarán sujetos al pago de tributos al comercio exterior únicamente en caso de nacionalización, traspaso de propiedad o del derecho de uso a terceros que no se encuentren instalados en la zona franca, o por su ausencia injustificada del inventario de equipos del usuario.

 

8.- Sustituye el Art. 186 del Reglamento, relativo a las obligaciones de reporte anual de los usuarios operadores.

 

Los usuarios operadores deberán presentar ante el ente rector de las inversiones un informe anual sobre producción, operaciones comerciales, transacciones de comercio exterior, movimiento de divisas y utilización de mano de obra del área de zonas francas que operan.

 

Quito, D.M. / Guayaquil, mayo de 2026

Almeida Guzmán Asociados informa que el 19 de febrero de 2026 la Corte Constitucional del Ecuador emitió la Sentencia No. 99-22-IN/26. Esta declaró la inconstitucionalidad del segundo inciso del Art. 46.1 del Código del Trabajo y del segundo inciso del Art. innumerado a continuación del Art. 24 de la Ley Orgánica de Servicio Público — LOSEP. Los dos en lo relativo a la definición de violencia y acoso laboral.

La Corte determinó que la frase “ejercido de forma reiterada” [en lo relativo al acoso laboral] no es inconstitucional por sí misma. Sin embargo, concluyó que su aplicación como requisito absoluto podía generar un déficit de protección, al excluir actos únicos de especial gravedad que afecten la dignidad o integridad de una persona trabajadora. Asi:

1.- La acción pública de inconstitucionalidad fue presentada en contra de la frase “ejercido de forma reiterada”, contenida originalmente en la definición de acoso laboral del Código del Trabajo.

2.- La Corte verificó que, aunque la norma impugnada fue reformada por la Ley Orgánica reformatoria para la erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo, su contenido fue reproducido en el Art. 46.1 del Código del Trabajo. Asimismo, determinó que existía unidad normativa con la disposición equivalente de la LOSEP.

3.- La Corte analizó la compatibilidad de dicha frase con los Arts 11.7, 33 y 331 de la Constitución, así como con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo — OIT, relativo a la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

4.- En su análisis, la Corte señaló que el orden constitucional garantiza el derecho al trabajo en condiciones dignas, saludables y libres de violencia. Además, recordó que el Art. 331 de la Constitución prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia que afecte a las mujeres en el trabajo.

5.- La Corte también consideró que el Convenio 190 de la OIT reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden manifestarse “una sola vez o de manera repetida”. Por tanto, la exigencia de reiteración no puede ser entendida como una condición excluyente para la protección frente a conductas graves de violencia o acoso laboral.

6.- En consecuencia, la Corte concluyó que el problema constitucional no radicaba en que la ley describa al acoso laboral como una conducta que usualmente puede ser reiterada, sino en que dicha expresión podía interpretarse como un requisito absoluto, excluyendo actos únicos que, por su gravedad, sean potencialmente lesivos.

7.- Por lo anterior, la Corte dispuso que el segundo inciso del Art. 46.1 del Código del Trabajo se entienda en adelante de la siguiente manera:

“La violencia y el acoso laboral comprende el comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido por una sola vez o de forma reiterada, y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores, que tenga como resultado el menoscabo, maltrato, humillación o bien que amenace o perjudique a sus derechos adquiridos y obligados a una situación laboral de la persona violentada o acosada laboralmente”.

La sentencia resulta relevante, pues amplía el alcance de protección frente a la violencia y al acoso laboral, al establecer que un acto único, cuando sea grave y potencialmente lesivo, puede activar los mecanismos de protección previstos en el ordenamiento jurídico.

Quito, D.M. / Guayaquil, mayo de 2026