Almeida Guzmán Asociados informa que, el 16 de abril de 2026, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador emitió la Sentencia No. 1150-23-JP/26. Mediante esta se desarrolló jurisprudencia vinculante sobre la protección laboral reforzada de los padres trabajadores durante el uso de la licencia de paternidad.

 

La Corte analizó una acción de protección presentada en contra de la Contraloría General del Estado, relacionada con la terminación de nombramientos provisionales de un servidor público mientras ejercía su licencia de paternidad y, posteriormente, utilizaba vacaciones destinadas al cuidado de su hija recién nacida.

 

En resumen:

 

1.- La Corte reconoce que los padres trabajadores cuentan con protección laboral reforzada durante el ejercicio de la licencia de paternidad.

 

Esta protección tiene por finalidad garantizar el ejercicio efectivo del derecho al cuidado, la corresponsabilidad parental y la participación temprana del padre en el cuidado de sus hijos recién nacidos. Señala que la licencia de paternidad no constituye un beneficio accesorio, sino un mecanismo que permite el ejercicio real de responsabilidades parentales.

 

2.- La Corte determina que la protección laboral reforzada durante la licencia de paternidad opera automáticamente durante su vigencia.

 

Esta garantía no depende de valoraciones discrecionales del empleador, sino que se activa por el solo hecho del ejercicio legítimo de la licencia. Precisó que el tiempo de licencia no puede ser interpretado como ausencia reprochable, falta de productividad o causa válida para afectar la situación laboral del trabajador.

 

3.- La sentencia establece que durante la licencia de paternidad no pueden adoptarse ni notificarse decisiones laborales adversas.

 

En particular, la Corte señala que la protección no se limita a impedir la terminación formal del vínculo laboral, sino que exige preservar íntegramente las condiciones laborales del trabajador durante el período protegido. En consecuencia, no pueden adoptarse ni notificarse medidas que impliquen pérdida de jerarquía, cambios sustanciales de funciones, disminución remunerativa o cualquier otra desmejora laboral durante la licencia.

 

4.- La Corte desarrolla el contenido constitucional del derecho al cuidado y de la corresponsabilidad parental.

La sentencia señala que el cuidado de menores constituye una responsabilidad compartida entre madres y padres. Por tanto, el ordenamiento jurídico debe garantizar condiciones laborales que permitan a los padres ejercer efectivamente sus responsabilidades familiares, sin exponerse a inestabilidad laboral o decisiones adversas vinculadas al ejercicio del cuidado.

 

5.- La Corte analiza el contexto de desigualdad estructural en la distribución del trabajo de cuidado.

 

La sentencia recuerda que la distribución tradicional del cuidado ha recaído históricamente sobre las mujeres, lo que ha contribuido a la penalización por maternidad, la brecha salarial y la menor estabilidad laboral femenina. En este contexto, la licencia de paternidad cumple una función relevante para promover la corresponsabilidad y desmontar estereotipos de género en el ámbito laboral y familiar.

 

6.- La Corte concluye que utilizar la licencia de paternidad o vacaciones destinadas al cuidado como criterio negativo para evaluar el desempeño laboral constituye discriminación indirecta.

 

En el caso concreto, la Corte determina que la Contraloría General del Estado valoró negativamente el período en que el accionante se encontraba en licencia de paternidad y vacaciones de cuidado, calificándolo como falta de aporte institucional. Para la Corte, dicha actuación transforma el ejercicio legítimo de un derecho constitucional en un factor adverso para la continuidad laboral.

 

Quito, D.M. / Guayaquil, junio de 2026

El 3 de junio de 2026, el presidente de la república emitió el Decreto Ejecutivo No. 398, mediante el cual reforma el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en lo que atañe a los mecanismos de trazabilidad fiscal. A continuación, resumimos su contenido.

1.- Actualmente, el sistema prescrito en la normativa tributaria prevé mecanismos de control para la identificación, marcación, rastreo y trazabilidad fiscal exclusivamente de bienes. Esto, mediante la colocación y activación de componentes físicos de seguridad – CFS conectados a una plataforma para generar información de relevancia fiscal en tiempo real. En virtud de la reforma, se incluye, dentro del régimen, a un componente digital de seguridad – CDS, para los mismos propósitos (trazabilidad fiscal), pero aplicable tanto a bienes como a servicios.

2.- Asimismo, la reforma aclara que los contribuyentes obligados a aplicar los mecanismos de control sobre sus bienes [y en virtud de la reforma, servicios], utilizarán los componentes aprobados por el SRI mediante resolución de carácter general.

Nota: En este momento, el sistema de trazabilidad fiscal aplica principalmente a los sujetos pasivos que incurran en el hecho generador del Impuesto a los Consumos Especiales respecto de bebidas alcohólicas, cerveza industrial y cigarrillos. Será el propio SRI quien también definirá a los contribuyentes sujetos a este régimen, puesto que el Decreto no los prevé. Sin embargo, el Decreto dispone a los ministerios rectores en telecomunicaciones, hidrocarburos, al SENAE, y a ARCOTEL y ARCH para que adopten las acciones necesarias, en su ámbito de competencias, para implementar o fortalecer el sistema referido. Mediante la resolución que el SRI emita, se podrá definir si los sujetos pasivos de tales industrias deberán aplicar el sistema a través de los CFS o CDS.

El Decreto Ejecutivo entrará en vigencia una vez publicado en el Registro Oficial.

Quito, D.M. / Guayaquil, junio de 2026

El 31 de mayo de 2026, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador – SENAE emitió la Resolución No. SENAE-SENAE-2026-0051-RE, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 295 de 1 de junio de 2026, mediante la cual derogó la tasa por servicio aduanero por concepto de control aduanero a las mercancías que ingresen de Colombia. A continuación, resumimos su contenido.

1.- Se deroga la Resolución No. SENAE-SENAE-2026-0031-RE de 9 de abril de 2026, mediante la cual se estableció una tasa del 100% sobre el valor en aduana de las mercancías que provengan o que sean originarias de la República de Colombia.

2.- La derogatoria se enmarca en el cumplimiento de la Resolución No. 2582 emitida por la Secretaría General de la Comunidad Andina – CAN el 7 de mayo de 2026.

La presente Resolución entró en vigencia a partir del 1 de junio de 2026.

Nota: En estricto sentido legal, existen argumentos para requerir de la Administración Tributaria la devolución de los aranceles e IVA pagados por los importadores durante el período de aplicación de la tasa de control aduanero en referencia.

Quito, D.M. / Guayaquil, junio de 2026

 

 

Almeida Guzmán Asociados informa que, el 18 de mayo de 2026, el presidente de la República expidió el Decreto Ejecutivo No. 387. Mediante este se reforman varias disposiciones del Reglamento General a la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, relacionadas con el régimen de zonas francas, orientadas a promover actividades tecnológicas y de economía del conocimiento, así como a posicionar al Ecuador como un hub regional de exportación de servicios tecnológicos.

 

En resumen:

 

1.- Incorpora la definición de bienes de trabajo portátiles, entendidos como aquellos equipos, dispositivos, herramientas o instrumentos susceptibles de traslado físico por una persona, utilizados directamente en actividades productivas, técnicas o de prestación de servicios vinculadas a una zona franca.

 

Esta definición incluye, entre otros, teléfonos móviles, computadoras portátiles, dispositivos de almacenamiento de información, equipos de captura de imagen, audio o video y sus accesorios.

 

2.- Incluye la definición de zonas francas industriales de servicio tecnológico. Estas son espacios geográficos delimitados dentro del territorio nacional, cuyo propósito es facilitar la instalación de prestadores de actividades relacionadas con telecomunicaciones, tecnologías de la información, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, operación de bases de datos, diseño, diagramación, telemercadeo, impresión, traducción, computación, investigación científica y tecnológica, entre otras actividades similares o relacionadas.

 

3.- Agrega el Art. 101.1, mediante el cual se detallan las actividades consideradas como servicios tecnológicos.

 

Entre estas incluye:

 

a) El desarrollo, mantenimiento y comercialización de software, aplicaciones móviles y plataformas de computación en la nube bajo modelos SaaS, PaaS e IaaS;

 

b) Los servicios de ciberseguridad, arquitectura de datos, gestión de redes e infraestructura tecnológica;

 

c)  El procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos mediante tecnologías de registro distribuido, blockchain, computación de alto rendimiento e inteligencia artificial;

 

d) Los servicios financieros tecnológicos, servicios profesionales de soporte administrativo o técnico exportables y telemercadeo avanzado soportado en tecnologías de la información;

 

e) El diseño gráfico digital, diagramación automatizada, animación digital y postproducción de contenidos audiovisuales;

 

f) La investigación y desarrollo en biotecnología, nanotecnología, hardware y dispositivos electrónicos;

 

g) La creación y prototipado de videojuegos y entornos de realidad virtual, aumentada o extendida; y,

 

h)  Cualquier otra actividad relacionada que determine el CEPAI.

 

4.- Sustituye el Art. 111 del Reglamento, relativo a la generación de empleo en zona franca.

 

La reforma establece que la generación de empleo en zona franca es de carácter obligatorio. En consecuencia, no podrá aprobarse un proyecto de zona franca que no genere plazas de trabajo. Además, el empleo deberá ser nuevo y no podrá constituir sustitución de empleo existente.

 

5.- Incorpora el Art. 111.1, referente a la modalidad de trabajo híbrido y remoto en zonas francas industriales de servicio tecnológico.

 

La reforma permite que el personal realice parcialmente sus labores fuera del área autorizada bajo modalidad de teletrabajo. Para ello, el ente rector de las inversiones podrá establecer una modalidad híbrida de trabajo para cada zona franca tecnológica, siempre que se:

 

a)       Garantice la trazabilidad digital de las operaciones;

 

b)       Cumpla con los objetivos de generación de empleo; y,

 

c)        Mantenga la operación principal dentro de la zona franca.

 

Para efectos de control, se deberá cumplir con un mínimo mensual del 51% de presencialidad en las instalaciones de la zona franca. El ente rector podrá autorizar esquemas de trabajo con niveles de presencialidad inferiores.

 

El usuario operador deberá implementar sistemas de registro digital que permitan al ente rector de inversiones verificar la conexión y el cumplimiento de las jornadas del personal que labore bajo modalidades híbridas o remotas.

6.- Sustituye el Art. 112, relativo al área geográfica de la zona franca.

Como regla general, los límites de las zonas francas deberán estar cerrados mediante cerramientos, vallas, verjas o murallas infranqueables, con control de vigilancia por cámaras de seguridad —CCTV— o cualquier otro medio tecnológico de mayor alcance.

 

7.- Incorpora el Art. 153.1, mediante el cual se regula el control de bienes de trabajo portátiles. Para efectos de control, los usuarios de zona franca deberán registrar en el sistema informático aduanero los movimientos de entrada y salida de los bienes de trabajo portátiles, así como el tiempo que estos permanecerán fuera de la zona franca.

Dichos bienes estarán sujetos al pago de tributos al comercio exterior únicamente en caso de nacionalización, traspaso de propiedad o del derecho de uso a terceros que no se encuentren instalados en la zona franca, o por su ausencia injustificada del inventario de equipos del usuario.

 

8.- Sustituye el Art. 186 del Reglamento, relativo a las obligaciones de reporte anual de los usuarios operadores.

 

Los usuarios operadores deberán presentar ante el ente rector de las inversiones un informe anual sobre producción, operaciones comerciales, transacciones de comercio exterior, movimiento de divisas y utilización de mano de obra del área de zonas francas que operan.

 

Quito, D.M. / Guayaquil, mayo de 2026

Almeida Guzmán Asociados informa que el 19 de febrero de 2026 la Corte Constitucional del Ecuador emitió la Sentencia No. 99-22-IN/26. Esta declaró la inconstitucionalidad del segundo inciso del Art. 46.1 del Código del Trabajo y del segundo inciso del Art. innumerado a continuación del Art. 24 de la Ley Orgánica de Servicio Público — LOSEP. Los dos en lo relativo a la definición de violencia y acoso laboral.

La Corte determinó que la frase “ejercido de forma reiterada” [en lo relativo al acoso laboral] no es inconstitucional por sí misma. Sin embargo, concluyó que su aplicación como requisito absoluto podía generar un déficit de protección, al excluir actos únicos de especial gravedad que afecten la dignidad o integridad de una persona trabajadora. Asi:

1.- La acción pública de inconstitucionalidad fue presentada en contra de la frase “ejercido de forma reiterada”, contenida originalmente en la definición de acoso laboral del Código del Trabajo.

2.- La Corte verificó que, aunque la norma impugnada fue reformada por la Ley Orgánica reformatoria para la erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo, su contenido fue reproducido en el Art. 46.1 del Código del Trabajo. Asimismo, determinó que existía unidad normativa con la disposición equivalente de la LOSEP.

3.- La Corte analizó la compatibilidad de dicha frase con los Arts 11.7, 33 y 331 de la Constitución, así como con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo — OIT, relativo a la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

4.- En su análisis, la Corte señaló que el orden constitucional garantiza el derecho al trabajo en condiciones dignas, saludables y libres de violencia. Además, recordó que el Art. 331 de la Constitución prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia que afecte a las mujeres en el trabajo.

5.- La Corte también consideró que el Convenio 190 de la OIT reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden manifestarse “una sola vez o de manera repetida”. Por tanto, la exigencia de reiteración no puede ser entendida como una condición excluyente para la protección frente a conductas graves de violencia o acoso laboral.

6.- En consecuencia, la Corte concluyó que el problema constitucional no radicaba en que la ley describa al acoso laboral como una conducta que usualmente puede ser reiterada, sino en que dicha expresión podía interpretarse como un requisito absoluto, excluyendo actos únicos que, por su gravedad, sean potencialmente lesivos.

7.- Por lo anterior, la Corte dispuso que el segundo inciso del Art. 46.1 del Código del Trabajo se entienda en adelante de la siguiente manera:

“La violencia y el acoso laboral comprende el comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido por una sola vez o de forma reiterada, y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores, que tenga como resultado el menoscabo, maltrato, humillación o bien que amenace o perjudique a sus derechos adquiridos y obligados a una situación laboral de la persona violentada o acosada laboralmente”.

La sentencia resulta relevante, pues amplía el alcance de protección frente a la violencia y al acoso laboral, al establecer que un acto único, cuando sea grave y potencialmente lesivo, puede activar los mecanismos de protección previstos en el ordenamiento jurídico.

Quito, D.M. / Guayaquil, mayo de 2026

Almeida Guzmán Asociados anuncia la implementación de Vincent AI de Clio/Vlex en las labores de sus equipos profesionales en las distintas áreas de práctica de la Firma. Este paso representa un nuevo hito en nuestro permanente compromiso con la innovación y la excelencia en la prestación de servicios legales de alto valor a nuestros clientes.

La estrategia de AGA en relación con el acceso a IA se fundamenta en un principio claro: utilizar la tecnología para fortalecer el análisis jurídico, optimizar la toma de decisiones y generar mejores resultados para quienes confían en nosotros. La incorporación de herramientas de IA no responde únicamente a criterios de eficiencia operativa, sino a una visión orientada a elevar los estándares del servicio legal.

Nos entusiasma continuar fortaleciendo nuestra alianza estratégica con Clio/Vlex y seguir incorporando soluciones tecnológicas de vanguardia que complementen la experiencia, criterio y capacidad analítica de nuestros profesionales.

En un entorno jurídico cada vez más dinámico y sofisticado, ser una Firma de alto rendimiento requiere no solo profesionales altamente capacitados, sino también la integración efectiva de herramientas de IA que permitan ofrecer soluciones más precisas, ágiles y estratégicas. Por ello, durante los últimos meses, la Firma ha realizado importantes inversiones tanto en tecnología como en la capacitación continua de sus profesionales para el uso responsable y eficiente de las herramientas de IA más avanzadas del mercado.

Almeida Guzmán Asociados announces the implementation of Vincent AI by Clio/Vlex across the firm’s professional teams in various practice areas. This step represents a new milestone in our ongoing commitment to innovation and excellence in providing high-value legal services to our clients.

AGA’s strategy regarding access to AI is based on a clear principle: to use technology to strengthen legal analysis, optimize decision-making, and generate better results for those who trust us. The incorporation of AI tools is not solely driven by operational efficiency criteria, but rather by a vision focused on raising the standards of legal service.

We are excited to continue strengthening our strategic alliance with Clio/Vlex and to keep incorporating cutting-edge technological solutions that complement the experience, judgment, and analytical capabilities of our professionals.

In an increasingly dynamic and sophisticated legal environment, being a high-performing firm requires not only highly skilled professionals, but also the effective integration of AI tools that enable us to offer more precise, agile, and strategic solutions. Therefore, during the last few months, the Firm has made significant investments in both technology and the continuous training of its professionals for the responsible and efficient use of the most advanced AI tools on the market.

Quito, D.M. / Guayaquil, mayo de 2026

Almeida Guzmán Asociados informa que mediante la Resolución NAC-DGERCGC26-00000015, de fecha 31 de marzo de 2026, el Servicio de Rentas Internas (SRI) reformó la Resolución NAC-DGERCGC21-00000051, que regula la emisión, endoso, utilización y anulación de notas de crédito.

La reforma introduce cambios operativos relevantes en el uso de los saldos provenientes de notas de crédito desmaterializadas.

A continuación, se presenta una sinopsis de la Resolución en cita:

1. Reconocimiento del saldo en cuenta

Se incorpora un artículo innumerado posterior al artículo 3 que reconoce expresamente el “saldo en el estado de cuenta de título valor”. Las anotaciones derivadas de notas de crédito desmaterializadas pasan a formar parte del saldo disponible del beneficiario en el portal SRI en línea.

2. Extinción de obligaciones tributarias

Se sustituye el artículo 9, redefiniendo el uso de estas notas como un mecanismo de extinción total o parcial de obligaciones tributarias administradas por el SRI. Se elimina su aplicación respecto de obligaciones administradas por el SENAE.

3. Límite de utilización

Se incorpora un artículo innumerado posterior al artículo 9 que limita el uso de estas notas hasta el 60% del valor a pagar en cada declaración, debiendo cancelarse el saldo por medios ordinarios. Esta restricción no aplica a notas de crédito del ISD. Asimismo, el sistema no permitirá su uso cuando exista prohibición normativa expresa.

4. Eliminación de garantía aduanera

Se deroga el artículo 10, eliminando la posibilidad de afianzar obligaciones tributarias aduaneras con notas de crédito desmaterializadas.

La Resolución entró en vigor desde el 1 de abril de 2026; sin embargo, la reforma del artículo 9 será aplicable a partir del 1 de mayo de 2026.

Quito, D.M. / Guayaquil, abril de 2026

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 354, el presidente de la República dispuso la suspensión de la jornada laboral del jueves 30 de abril de 2026, tanto para el sector público como privado, a fin de incorporar este día al feriado nacional del 1 de mayo de 2026. La jornada de trabajo suspendida por el Decreto Ejecutivo, no será recuperable.

En consecuencia, el Decreto otorga el descanso obligatorio del 30 de abril al 3 de mayo de 2026.

Los empleadores deberán organizar sus actividades conforme a esta disposición y garantizar la
continuidad de servicios, según corresponda.

Quito, D.M. / Guayaquil, abril de 2026